La noche del martes 13 de agosto, el municipio de Facatativá se vio sacudido por un acto de violencia que ha dejado a la comunidad en estado de alerta. El concejal Óscar Fernández fue víctima de un atentado cuando un individuo prendió fuego a su vehículo, estacionado frente a su vivienda en el barrio Las Quintas. Este incidente no solo ha generado consternación, sino que también ha puesto en evidencia una serie de amenazas e intimidaciones que Fernández ha estado recibiendo durante el último mes.
El ataque ocurrió en plena vía pública y fue captado por una cámara de seguridad del sector. En el video, se observa a un hombre vestido de negro acercándose al vehículo del concejal, rociando un líquido inflamable y prendiendo fuego tanto al automóvil como a la fachada de la vivienda. Tras cometer el acto, el sujeto se aleja tranquilamente, desapareciendo de la escena al doblar la esquina. Los residentes de la casa salieron de inmediato al percatarse del incendio, pero el daño ya estaba hecho.
Óscar Fernández, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación y señaló que este atentado podría estar relacionado con sus denuncias sobre violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial, incumplimientos de normas ambientales y la proliferación de urbanizaciones ilegales en el municipio. Estas denuncias, según Fernández, han desencadenado una serie de amenazas en su contra y en contra de otros concejales que han tomado posiciones similares.
El concejal Kevin Pachón, a través de su cuenta en X, condenó enérgicamente el ataque. “Como concejal del municipio de Facatativá rechazo categóricamente los actos terroristas de los que fue víctima mi amigo y compañero, el concejal Óscar Fernández Acero. Nuestro ejercicio de interlocución no puede ser limitado por personas ajenas e indiferentes a la ley”, escribió Pachón, reflejando el sentir de muchos de sus colegas.
La situación ha llevado a los concejales amenazados y al Concejo Municipal en general a hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional. La principal demanda es la implementación de un esquema de seguridad adecuado que proteja a quienes están en la mira por sus denuncias y posiciones críticas. Actualmente, solo cuentan con apoyo policial en situaciones específicas, lo cual resulta insuficiente para garantizar su seguridad de manera continua.
La falta de un esquema de seguridad robusto ha dejado a los concejales en una situación de vulnerabilidad. La comunidad y los líderes locales temen que, si no se toman medidas inmediatas, los actos de violencia puedan escalar y derivar en tragedias mayores. La sensación de inseguridad no solo afecta a los concejales, sino también a sus familias, quienes también han sido objeto de amenazas.
El atentado contra Óscar Fernández es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchos municipios del país. La violencia contra líderes sociales y políticos es una realidad que no puede ser ignorada. Las denuncias sobre irregularidades y corrupción son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia, pero quienes las realizan no deben pagar un precio tan alto por su valentía.
Es imperativo que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y brinde la protección necesaria a estos líderes. No se trata solo de proteger a individuos, sino de salvaguardar el derecho a la libre expresión y a la denuncia de actos ilegales. La seguridad de los concejales de Facatativá debe ser una prioridad, y se deben implementar medidas que garanticen su integridad y la de sus familias.
La comunidad de Facatativá, por su parte, ha mostrado su solidaridad con el concejal Fernández y con todos aquellos que han sido amenazados. La unidad y el apoyo mutuo son fundamentales en momentos de crisis, y es alentador ver cómo los ciudadanos se unen para rechazar la violencia y exigir justicia.
