El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sigue desvelando nuevas aristas. En las últimas horas, la Policía capturó a tres personas más relacionadas con el caso de los carrotanques para llevar agua al departamento de La Guajira. Los detenidos son Luis Carlos Barrero Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad; Pedro Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey. Estas capturas se suman a las de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López. El juez 35 penal de control de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos militares y policiales para proteger la vida de los procesados.
La Fiscalía informó que las detenciones se realizaron durante la madrugada del 5 de septiembre en Cundinamarca. Los procedimientos se llevaron a cabo como parte de las investigaciones por los hechos de corrupción detectados en la UNGRD. En las próximas horas, los detenidos serán trasladados a Bogotá. La Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos de captura y el desarrollo de las audiencias concentradas.
Luis Carlos Barrero Gantiva, oriundo de Fusagasugá (Cundinamarca), fue señalado por Olmedo López como cuota del actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, exM-19 también de Fusagasugá. Por su parte, Pedro Rodríguez Rozo, exasesor de López en la UNGRD, fue recomendado por el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, del partido Alianza Verde.
Durante una de las audiencias contra los exdirectivos de la UNGRD, la fiscal Andrea Muñoz aseguró que Barrero Gantiva, César Manrique Soacha, Olmedo López, Pedro Rodríguez y Sneyder Pinilla habrían coordinado el desvío de dineros de la reforma agraria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para contratos corruptos en la UNGRD. Según la Fiscalía, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordaron el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos. Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.
El caso de los carrotanques para llevar agua a La Guajira es solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción que parece estar profundamente arraigado en la UNGRD. La situación es alarmante, ya que la corrupción en esta entidad afecta directamente a las comunidades más vulnerables del país. La Guajira, una región que ha sufrido históricamente por la falta de acceso a agua potable, se ve nuevamente perjudicada por la mala gestión y la corrupción de sus dirigentes.
La captura de estos individuos es un paso importante en la lucha contra la corrupción, pero también plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en las entidades públicas. ¿Cómo es posible que se hayan desviado tantos recursos sin que nadie lo notara? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que esto vuelva a ocurrir? Estas son preguntas que las autoridades deben responder para recuperar la confianza de la ciudadanía.
El escándalo también pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda en la UNGRD y otras entidades públicas. Es crucial implementar sistemas de control más rigurosos y transparentes que permitan detectar y prevenir actos de corrupción. Además, es fundamental que se realicen auditorías periódicas y se promueva una cultura de integridad y ética en el servicio público.
La corrupción en la UNGRD no solo afecta a La Guajira, sino a todo el país. Los recursos que se desvían para fines corruptos son recursos que podrían haberse utilizado para mejorar la calidad de vida de miles de colombianos. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza y determinación para erradicar la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
En este contexto, la sociedad civil también tiene un papel crucial que desempeñar. Es necesario que los ciudadanos se mantengan informados y exijan rendición de cuentas a sus dirigentes. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para construir un país más justo y equitativo.
El caso de la UNGRD es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra la corrupción. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre las medidas que se deben tomar para fortalecer las instituciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. La captura de estos individuos es solo el comienzo de un proceso que debe llevar a una transformación profunda y duradera en la gestión pública del país.
