La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha dado un paso significativo al publicar una nueva resolución para comentarios. Esta resolución busca cumplir la promesa del Gobierno de asumir al menos $2 billones de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3. En términos simples, el plan del Gobierno es asumir estas deudas, que actualmente están siendo cobradas a los usuarios del servicio eléctrico en estos estratos. Esto debería traducirse en una reducción de la factura de energía entre un 4 % y un 20 %.
El anuncio del Gobierno se realizó en junio, durante la convención del sector bancario en Cartagena. Ahora, comienza a materializarse mediante una resolución de la CREG. Esta resolución busca “integrar, a las fórmulas tarifarias del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria”, según se lee en el documento. Este documento está en su fase de recepción de comentarios hasta este jueves.
La CREG ha explicado que “el proyecto de resolución para disminución de tarifas propone modificaciones en la normativa vigente con el fin de trasladar a los usuarios beneficios relacionados con la extensión del plazo y la disminución de las tasas aplicadas a los saldos del costo de opción tarifaria”.
La opción tarifaria se implementó durante la pandemia, mediante una resolución de la CREG. Este mecanismo permite a los comercializadores bajar el valor en las facturas y adeudarle a cada usuario los saldos que no alcancen a ser pagados. Inicialmente, esto resultó beneficioso, ya que en medio de la crisis económica de 2020, la medida se tradujo en menos gastos para los hogares en el país. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se ha convertido en un desafío. Las familias están teniendo dificultades para pagar las facturas que les están llegando, ahora que se están cobrando esos saldos.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, el total de la deuda acumulada por opción tarifaria se acerca a $5 billones. De estos, cerca de $3 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3. Además, el 50 % de esta deuda se ubica en la costa Caribe, según el Gobierno.
¿Cómo funcionará la reducción en las tarifas? En julio de este año, el Minhacienda permitió que los comercializadores de energía que están asumiendo las deudas de la opción tarifaria accedieran a créditos con tasas compensadas para subsanar estas deudas. Lo que la nueva resolución de la CREG permitiría ahora es que esos recursos que ya entraron a las empresas vayan hacia los usuarios, mediante reducciones en sus cuentas de energía. Esto se debe a que ya no pagarían las deudas acumuladas mediante la opción tarifaria.
La implementación de esta medida tiene varias aristas que merecen ser analizadas. Por un lado, la reducción de las tarifas de energía aliviará la carga económica de muchas familias en los estratos más bajos. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la inflación y el costo de vida han aumentado. Por otro lado, es importante considerar cómo se financiará esta medida a largo plazo. La deuda acumulada no desaparece, simplemente se transfiere. Esto podría tener implicaciones para las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Además, es crucial evaluar el impacto de esta medida en las empresas comercializadoras de energía. Estas empresas han estado asumiendo las deudas de la opción tarifaria y ahora se les permitirá acceder a créditos con tasas compensadas. Sin embargo, es necesario asegurar que estas empresas puedan mantener su viabilidad financiera a largo plazo. De lo contrario, podríamos enfrentar problemas en la prestación del servicio eléctrico.
Otro aspecto a considerar es la equidad de la medida. La opción tarifaria ha beneficiado principalmente a los estratos 1, 2 y 3, que son los más vulnerables. Sin embargo, es importante asegurarse de que la reducción de tarifas no genere desigualdades adicionales. Por ejemplo, es posible que algunos usuarios de estratos más altos también estén enfrentando dificultades económicas. En este sentido, sería útil explorar mecanismos adicionales para apoyar a estos usuarios.
Finalmente, es fundamental que la implementación de esta medida sea transparente y eficiente. La CREG ha abierto un periodo de comentarios para recibir retroalimentación sobre la resolución. Este es un paso positivo, ya que permite a los diferentes actores del sector energético y a la ciudadanía en general expresar sus opiniones y preocupaciones. Sin embargo, es crucial que estas opiniones sean tomadas en cuenta y que se realicen los ajustes necesarios para asegurar el éxito de la medida.
