El déficit del Fondo para Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) ha demostrado ser insostenible y oneroso para el gasto público. Este fondo se creó hace más de una década para proteger al consumidor de las variaciones en el precio de la gasolina y diésel en el mercado internacional. En otras palabras, el Gobierno venía subsidiando estos incrementos, manteniendo así los precios estables.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que el FEPC cerró 2023 con un déficit de $20 billones. Esta cifra es inferior a la registrada en años anteriores debido al incremento en el precio del galón de gasolina. Sin embargo, aún queda pendiente el aumento al galón del diésel. Si no se hace, el déficit del fondo cerraría 2024 en $12 billones.
El diésel es la principal fuente de energía del sector transportador en Colombia. Por ello, han surgido múltiples preocupaciones sobre el eventual incremento. Hoy, el combustible representa poco más del 40 % de los costos de operación de este sector de la economía. Encarecer el diésel se traduciría en una mayor presión inflacionaria. Los transportadores tendrían que elevar sus tarifas y, con esto, se traspasarían esos costos al consumidor final.
Para evitar grandes traumatismos en esta transición, el Ministerio de Transporte y el de Hacienda se han reunido con los gremios de transportadores en el país. Estos últimos han manifestado que la solución no está en subir el precio, sino en revisar la fórmula de cálculo. La intención es que las mayores cargas se transmitan a otros sectores que hacen parte de sus procesos productivos.
A pesar de estas reuniones, el Ministerio de Hacienda decidió subir el precio, pero solo para grandes consumidores. Recientemente, el jefe de esa cartera dijo a medios de comunicación que “el decreto de grandes consumidores sale este fin de semana. Ya debe estar firmado por el presidente”. Este decreto equipara el precio que este grupo paga por el diésel con la referencia internacional.
Se espera que este fin de semana se publique el decreto con la firma de Gustavo Petro. Este solo aplicará para grandes consumidores, entendiéndose como aquellos que tienen una demanda de más de 20.000 galones al año. Esto incluye volquetas de grandes toneladas y megatractores, entre otro tipo de maquinarias.
El ministro Bonilla concluyó que “ese es el primer avance. Lo que sigue es, efectivamente, cómo concertamos un incremento en el precio del diésel para hacer uno o dos movimientos este año”. De manera que seguirán las reuniones con el gremio de los transportadores. El objetivo es encontrar la mejor forma para que el déficit en el fondo no siga creciendo, sin crear mayores traumatismos en este importante rubro de la economía.
El debate sobre el aumento del precio de los combustibles en Colombia es complejo y multifacético. Por un lado, está la necesidad de reducir el déficit del FEPC. Por otro, están las preocupaciones legítimas de los transportadores y consumidores. La decisión de subir el precio solo para grandes consumidores es un intento de balancear estas dos necesidades. Sin embargo, no está exenta de críticas y desafíos.
Algunos expertos sugieren que una revisión más profunda de la fórmula de cálculo podría ofrecer soluciones más equitativas. Otros proponen incentivos para la adopción de tecnologías más eficientes y menos dependientes del diésel. Estas alternativas podrían mitigar el impacto económico y ambiental a largo plazo.
En cualquier caso, la situación requiere un enfoque integral y concertado. Las decisiones que se tomen ahora tendrán repercusiones significativas en la economía y en la vida cotidiana de los colombianos. Por ello, es crucial que el Gobierno, los gremios y la sociedad civil trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles y justas.
