En un giro reciente y controvertido en la historia de Colombia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha decidido abrir una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos. Este caso, que ha capturado la atención del público y de los medios, gira en torno a las presuntas intrusiones y saqueos a los restos del galeón San José, un naufragio que no solo es un tesoro nacional sino también un pedazo viviente de la historia marítima global. Francisco Hernando Muñoz, historiador y veedor nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, ha sido una figura clave en impulsar este proceso, revelando la noticia a través de sus redes sociales.
La diligencia programada para el próximo 18 de abril promete ser un momento crucial en este caso. Se espera que el CTI de la Fiscalía asista para ampliar la denuncia inicial, la cual, según Muñoz, había sido presentada en 2021 pero nunca avanzó debido a su presunto extravío. Este hecho en sí mismo plantea serias preguntas sobre la gestión y protección del patrimonio cultural en Colombia.
La denuncia no solo implica al expresidente Santos sino también a figuras prominentes como la exministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el antropólogo Ernesto Montenegro Pérez. Se busca esclarecer las acciones que, presuntamente, permitieron el saqueo de los restos del galeón. Desde 2018, expertos internacionales han advertido sobre evidencias de intrusión humana en el sitio del naufragio, descubierto en 2016, lo que sugiere una larga historia de negligencia y posible corrupción en la protección de este patrimonio.
El galeón San José, hundido hace más de 300 años por corsarios ingleses, yace a 600 metros de profundidad cerca de Cartagena. Su descubrimiento en 2015 fue aclamado como un hito histórico, no solo por el valor material de su carga, compuesta por monedas de oro y plata, sino también por su significado cultural e histórico. La tripulación del galeón, compuesta por 600 marinos, y su trágico destino, han capturado la imaginación de historiadores y entusiastas del patrimonio por igual.
Este caso abre un debate más amplio sobre la protección del patrimonio cultural sumergido. La intrusión y el saqueo de sitios de naufragios no son problemas exclusivos de Colombia; son desafíos globales que requieren una cooperación internacional y un compromiso renovado para proteger estos tesoros históricos. La investigación contra Santos y otros implicados podría servir como un llamado de atención sobre la necesidad de salvaguardar nuestro patrimonio cultural, no solo para las generaciones actuales sino también para las futuras.
Además, este caso subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión del patrimonio cultural. La presunta pérdida de la denuncia inicial y el retraso en la acción de la Fiscalía plantean preguntas críticas sobre los procesos internos y la eficacia de las instituciones encargadas de proteger el patrimonio cultural de Colombia. A medida que la investigación avance, será crucial que se mantenga un enfoque en estas cuestiones estructurales, asegurando que este caso no solo resulte en la resolución de un incidente aislado, sino que también impulse reformas significativas en la protección del patrimonio cultural sumergido.
